El Senado aprobó que el abuso sexual infantil sea un delito de acción pública
El Estado nacional está obligado por ley a intervenir en las denuncias de abuso sexual a niños y niñas. El Senado de la Nación aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto de ley que modifica el artículo 72 del Código Penal. De esta manera, se estableció que estos delitos sean de instancia pública, sin necesidad de que los padres ratifiquen la denuncia.
Hasta ahora la Justicia sólo actuaba ante las denuncias si había una ratificación del responsable parental. Sin embargo, esto no era frecuente ya que los casos de abuso sexual infantil suceden, en la mayoría de los casos, en el propio ámbito familiar y de allegados.
Gracias a esta nueva normativa, el abuso sexual infantil pasa a ser un delito de acción pública dependiente de instancia pública, según publicó La Nación.
El proyecto fue presentado por la diputada por la Ciudad, Carla Carrizo, de Evolución radical, quien afirmó: “Se trata de un gran paso para la infancia. El propósito es que los delitos no queden impunes y que el Estado actúe como responsable último del bienestar de los niños. El próximo paso es trabajar en protocolos y capacitaciones para operadores judiciales”.
La decisión de que los delitos contra la integridad sexual de los menores dejen de ser de acción privada significa que el Poder Judicial debe investigar de oficio. La reforma implica además que, si se conoce el hecho de que un menor fuera víctima de abuso sexual, cualquier ciudadano puede hacer la denuncia y el Estado está obligado a investigar los hechos denunciados aunque no hayan sido ratificados por los tutores del niño, niña o adolescente.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años. En tanto, se denuncia aproximadamente el 10% de los casos y se condena menos del 1%. En el 90% de los casos, el abusador es alguno de sus familiares varones.
Hay una iniciativa complementaria, que aguarda en la Cámara de Diputados: protección a los profesionales de centros educativos, de salud o de acompañamiento, que hoy están obligados a denunciar. La garantía para que lo hagan es reservar su identidad como denunciantes y eximirlos del secreto profesional y de responsabilidad legal, para que no sea tan fácil recibir represalias por haber denunciado un delito cometido contra niñas o niños.
La reforma implica además que, si se conoce el hecho de que un menor fuera víctima de abuso sexual, cualquier ciudadano puede hacer la denuncia y el Estado está obligado a investigar los hechos denunciados aunque no hayan sido ratificados por los tutores del niño, niña o adolescente.
El abuso sexual en la infancia y en la adolescencia es la forma de maltrato más difícil de aceptar, de reconocer y de diagnosticar. Aún el gran déficit en el caso argentino es transparentar la complejidad del tema y la falta de estadísticas a nivel nacional.
¿De qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia? En la Argentina, las últimas informaciones, comentarios y referencias sobre las denuncias de abuso sexual a menores en el ámbito del deporte y la sugerencia de una especie de "efecto dominó" hacia otros entornos, no sólo pusieron el tema sobre la mesa, otorgándole impacto en la agenda pública nacional, sino que también evidenciaron que hubo un convidado de piedra: las víctimas.
Las causas judiciales -la mayoría radicadas en la justicia de la Provincia de Buenos Aires- avanzan ante la tímida, pero sostenida, aparición -aún aislada – de casos con nombre y apellido que, decidieron echar luz a tanto dolor, guardado durante largo tiempo. En algunos casos -como en el de los gimnastas olímpicos, pasaron más de 25 años de los hechos hoy denunciados-. Y la mancha negra se extiende hasta la trágica idea de que pueda existir en la Argentina una red de pedofilia organizada.
La espesura del drama que abarca al abuso sexual contra niños y jóvenes invita a revisar sus ideas fundantes y elementales para detectarlo a tiempo, para comprender el fenómeno y para analizar el impacto de las cifras locales. El tema interpela hasta a los propios expertos que discuten cómo nombrar este delito contra los menores; para ser justos y precisos ante tanta indefensión que atraviesan las víctimas.
La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no sólo reconoce los derechos de la infancia y la adolescencia, sino que establece un sistema de protección integral de esos derechos que involucra a los organismos nacionales y los niveles municipales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya misión es garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Bajo el concepto de la "protección integral", la ley sostiene que los derechos de los niños y niñas deben ser garantizados y establece responsables que deben velar y trabajar por esas garantías.
Para denunciar y solicitar ayuda existe la Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.
Ofrece información, contención y asesoramiento en aquellas temáticas relacionadas con la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. Su objetivo es acompañarte en las distintas situaciones que estés atravesando, ya sea antes, durante o después de un episodio de violencia.
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